“La población, que huyó casi en su totalidad a la selva, está regresando con la esperanza de encontrar algunos granos de arroz para comer y rebusca entre las cenizas para buscar alubias superficialmente quemadas”, así de dramático es el escenario que describe el obispo de Alindao, Mons. Cyr-Nestor Yapaupa. El número de víctimas mortales ha incrementado y supera los ochenta muertos, entre ellos dos sacerdotes y dos pastores protestantes, según fuentes hospitalarias.
La Iglesia local asegura que el campo de desplazados que albergaba a más de 26.000 personas y era coordinado por los sacerdotes, ha quedado totalmente devastado. “Los ancianos y discapacitados fueron quemados vivos, fusilados o decapitados”, prosigue Mons. Yapaupa. “Presos del pánico, muchos padres tuvieron que abandonar a sus hijos en la desesperada carrera por la supervivencia. Una madre de gemelos tuvo que dejar a uno de sus hijos para salvar al otro. Los atacantes disparaban a quemarropa”. Además de la pérdida de vidas humanas, “el fuego arrasó el centro de acogida así como varios edificios de la Iglesia. La catedral perdió el tejado. Se robaron coches, motocicletas, paneles solares, comida almacenada, dinero, combustible…”
Hoy por hoy hay más de 14 grupos armados repartidos por la República Centroafricana. El presidente del país, Faustin Touadéra, no tiene medios para controlar este remanente activo de la guerra civil iniciada en 2013, que enfrentó a los Seleka -una coalición de grupos musulmanes – con los anti-balaka – milicias de autodefensa animistas “anti-balas AK47”. Milicias musulmanas de Unidad por la Paz en el Centro de África (UPC), una escisión de los antiguos Seleka, fueron identificadas como autores de los ataques del pasado 15 de noviembre. ¿Por qué las tensiones se han redoblado precisamente en Alindao?
Según la UPC, se trata de legítima defensa porque los anti-balaka de Alindao habrían asesinado a dos musulmanes los días 14 y 15 de noviembre. En cambio, el informe señala que más bien se trata de la falta de recursos de la UPC, que ve Alindao como “un centro comercial floreciente, una vaca para ordeñar”. Expulsada de Bambari en octubre, la UPC tuvo que abandonar el comercio local de ganado y las minas de oro y diamantes. “Las colectas semanales entre los comerciantes para alimentar a las tropas” suscitaron fuertes protestas y fue necesario encontrar otro medio de subsistencia: Alindao y su botín de guerra”.
“Organizada y estructurada, la Iglesia Católica es un interlocutor esencial en la crisis local”, señala el obispo africano. La Iglesia mantiene relaciones con las organizaciones humanitarias, con el presidente y la MINUSCA (la misión de las Naciones Unidas). Al mismo tiempo es “objeto de codicia” y una institución que los caudillos de la guerra quieren derribar. ¿Explica esto la inmovilidad de las fuerzas mauritanas de la ONU durante los ataques en Alindao, que “allanan así el camino a los atacantes al no asumir su misión de proteger a la población desplazada?” A título informativo el informe explica que “dos días antes de la tragedia, el responsable de la UPC fue recibido por el contingente mauritano”. La diócesis califica esta reunión como una “planificación consensual”. Los tres líderes de las confesiones religiosas de la República Centroafricana -el Cardenal Nzapalainga, el Pastor Guerekoyame Gbangou y el Imán Omar Kobine Layama- han pedido una investigación por parte de la comunidad internacional.
“Lo hemos perdido todo, salvo la fe”, concluye Mons. Yapaupa. “Podemos mirar a los ojos al enemigo y ofrecerle un perdón sincero, sin ceder al espíritu de venganza o al miedo”. Para el restablecimiento de la comunidad y ayudar al clero local en esta situación de abandono total, Ayuda a la Iglesia Necesitada va a destinar a la diócesis 39.300 euros.
